Este Boletín interrumpe el período reciente de “sequía literaria” en el cuál, por razones de reestructuración del Estudio y de nuestro sitio, hemos dejado de enviar el Newsletter Bimestral, con su complemento de noticias y comentarios. Nos complace en este sentido los diversos mensajes recibidos, con la ponderación de nuestro boletín electrónico, con los elogios al estilo y el aliento a seguir adelante con los comentarios, apreciaciones y acercamiento de novedades utiles a nuestra comunidad de lectores, sean estos colegas profesionales, gente del ámbito empresario, académicos, decisores provenientes del sector público, o simples ciudadanos de a pie, interesados en el futuro común de nuestra Tierra.

Este año del Bicentenario ha sido fecundo en temas ambientales, como es de esperar a partir de hitos como son los dos siglos de existencia de nuestra Nación, en los cuales, junto con el balance retrospectivo de la historia, se hacen proyecciones hacia el futuro y se sueña con tiempos mejores. Celebramos que las cuestiones ambientales comiencen a figurar en forma gravitante en la agenda política en nuestro país, en parte por las circunstancias y el contexto global, en parte por la toma de conciencia entre nuestros decisores y la movilización ciudadana. Temas emblemáticos como el derrame en el Golfo de México, la Ley de Presupuestos Mínimos para la Protección de Glaciares, las negociaciones internacionales en materia de Cambio Climático, la situación con Uruguay en relación con la fabrica de pasta en Fray Bentos, o la eterna y recurrente cuestión del “federalismo ambiental” que trae a cuento el intento de expropiación de tierras en San Luis son pruebas del peso y protagonismo que tienen hoy las discusiones ambientales en la agenda política de todos.

A esta fuerza positiva, hay que sazonarla con la cuota de análisis científico racional que ameritan siempre las discusiones en materia ambiental, con el fin de evitar las proclamas bien intencionadas pero carentes de asidero racional, que, por su fundamentalismo e intransigencia, no hacen más que debilitar y deslegitimar las posturas más serias en aras de un desarrollo sustentable en el mediano y largo plazo.

Sabemos que al decir esto, corremos el riesgo de ser considerados tibios o funcionales a diversos intereses mezquinos e interesados que pretenden minar la calidad ambiental. Nos ha pasado, en el pasado, con algunas organizaciones ambientalistas, al esgrimir críticas ante el método de “prohibir por si acaso” en ocasión de la incineración de residuos, y en el presente con algunas organizaciones empresarias, al cuestionar la existencia de una posición monopólica en materia del seguro ambiental. Bien valen estas críticas si podemos contribuir a la promoción de debates racionales y sensatos entorno a la temática ambiental. Tan mala no ha de ser nuestra posición si desatamos el rechazo de las ONGs mas combativas, como también de los sectores económicos mas identificados con la vieja práctica nacional de crear cotos de caza con clientes cautivos y ausencia de un sana compulsa de ofertas e ideas.

Hay cuestiones, como la gestión de los residuos sólidos urbanos en las grandes metropolis, la actividad minera, la explotación petrolera costa afuera, o la política hídrica, que revisten demasiada importancia para ser abordadas desde la ligereza de una mirada superficial y “políticamente correcta” que nos deje bien parados con todos, derecha, izquierda, sectores empresarios y la sociedad civil que asume la representación del pueblo en su conjunto. Lo contrario incomoda y puede que nos genere críticas, pero creemos que es más conducente a la larga. También nos deja más tranquilos desde lo que hace a la honestidad intelectual.       

¿Qué pasa después de Macondo? Las consecuencias del derrame de crudo en el Golfo de México

El accidente ocurrido en la base del pozo Macondo, con el hundimiento de la plataforma “Deepwater Horizon” y el subsiguiente derrame de crudo a partir de la surgencia incontrolada de crudo en el lecho marino en el Golfo de México, tiene implicancias de corto y largo plazo con alcances acaso impensables, tanto para el mundo ambiental, como para el ámbito político y económico. Pasarán los meses y sin duda alguna, se irán perfilando las consecuencias de este accidente para un sinnumero de actores que abarcan desde el sector energetico en general, el petrolero en particular, pasando por la industria del seguro, concluyendo con los decisores diplomáticos en el medio internacional.

En esta columna es imposible analizar en detalle todas las derivaciones del accidente sufrido por la empresa BP: Son demasiadas las aristas y un boletín electrónico no permite profundizar cada una de los temas con la seriedad que ameritaría el tema en función de novedad y magnitud. Por otro lado, el fragor de las tareas de remediación encaradas por el Servicio de Guardacostas Estadounidense y las acusaciones cruzadas que se han vertido contra British Petroleum, operadora de la plataforma y las restantes empresas titulares de la concesión en aguas profundas norteamericanas, torna prematuro un veredicto acabado de lo que pasó y lo que vendrá.

No obstante ello, adelantamos aquí un abanico de derivaciones posibles del incidente para la política energética internacional, los cuestionamientos desde el ambientalismo, y porque no, para nosotros en Argentina, donde la actividad offshore en la cuenca Malvinas se encuentra teñido por la connotación política del conflicto con el Reino Unido. Veamos algunos de ellos:

  1. La presidencia de Barack Obama, y la política energética y ambiental de los EE.UU.
  2. Para el Ejecutivo Norteamericano, el siniestro del Deepwater Horizon representa un revés duro para el prestigio de su titular. Los paralelos con el Huracán Katrina en tiempos de George Bush, desde la respuesta rapida de los organismos públicos, son seguramente injustos, e inclusive, la coordinación de los esfuerzos de contención a cargo de la Guardia Costera y otros organismos federales, han sido elogiados por casi todos. No obstante ello, para un Obama con índices de popularidad en baja a raíz de una economía que tarda en su recuperación y con desempleo persistente, el derrame representa un duro golpe a sus credenciales de político comprometido con la causa ambiental. De hecho, en base a esas credenciales verdes, Obama perseguía levantar la moratoria a la actividad petrolera costa afuera existente en California desde hace años y también para el norte de Alaska. Estas iniciativas, políticamente imposibles para un Bush totalmente identificada con la industria petrolera, eran viables bajo una administración percibida como equidistante de los intereses del sector “big oil”, tan denostado bajo la administración republicana.

    Perseguir estos objetivos, aún cuando sea perfectamente razonable desde una óptica de seguridad energética, se torna poco viable en este contexto. Coloca a los decisores americanos ante dilemas y decisiones nada sencillos de resolver, dada la alta dependencia externa que posee la economía americana y el agotamiento de los yacimientos domésticos, con la excepción de las cuencas marinas.

    En otro orden de cosas, algo que también tendrá repercusiones en otros paises y regiones donde las aguas profundas representan la última frontera hidrocarburífera a desarrollar, el derrame pone en tela de justicia la capacidad de control de los organismos públicos. En EE.UU. la autoridad federal concedente de los bloques costa afuera, la Marine Minerals Management Service, ha sido seriamente cuestionada en cuanto a la rigurosidad de sus controles y el fenómeno de “captura” por parte del sector económico al cuál debe regular. No es nada nuevo, ni en EE.UU. ni en ninguna parte del mundo, pero son relaciones que entran en crisis ante accidentes de la magnitud de lo ocurrido en el Golfo de Mexico.

    Finalmente, resta ver que implicancias tendrá para la sanción de un compromiso a nivel federal para la regulación de gases con efecto invernadero. Algo que parecía plausible, con media sanción legislativa, reclamada por la comunidad internacional y por no pocos representantes de sectores sensibles en los EE.UU, atenta la necesidad de contar con certeza regulatoria en la materia, parece hoy empantanado irremediablemente en el Congreso Norteamericano, rehén de la perdida de popularidad del Partido Demócrata. En este marco, a la defensiva por la situación del derrame, con presiones de manifestar “mano dura” con la industria en general, no parece probable que Obama busque un nuevo foco de controversias con la discusión de un regimen legal para el cambio climático.

  3. La Industria Petrolera Global
  4. El escrutinio sobre la industria petrolera global se vuelve a agudizar luego del accidente y más aún con las sospechas de prácticas deficientes en materia de higiene y seguridad en la firma operadora. Es de esperar que todas las empresas con una cartera importante en operatoria de aguas profundas, estarán sometidas a auditorias y revisiones sobre sus practicas por parte de accionistas, bancos, socios y organismos públicos. Si bien la actividad  offshore, como toda actividad de alto riesgo, está sujeto a la posibilidad de incidentes y tragedias, como fueron los casos de Santa Barbara (California), Ecofisk y Piper Alpha (Mar del Norte), incidentes como el ocurrido tienen una trascendencia mediática que tienden a disparar nuevas regulaciones y revisiones de las prácticas existentes. Así fue luego de la tragedia de Piper Alpha en Reino Unido hace un par de decadas, y el caso del Deepwater Horizon no será excepción.

    La industria offshore involucra actores que son pesos pesados del sector, en términos de su capacidad financiera y tecnológica, que, más allá de sus proezas y logros tecnológicos altamente elogiables, no están exentas de la arrogancia propia de quienes se saben circunscriptos a un círculo selecto. Las presiones regulatorias en cuanto a requerimiento de garantías financieras para hacer frente a eventuales contingencias serán grandes y es de esperar cambios en todo el mundo. El impacto financiero para BP ha sido indudable a juzgar por la caída del valor de sus acciones y la precipitada venta de activos que persigue para acotar su exposición a los reclamos. De hecho BP está en conversaciones con otras empresas para desprenderse de activos en nuestro país.

    En una escala macro, resta ver como impactarán las nuevas regulaciones sobre el sector, en términos de incremento del precio de crudo, o quizás el desarrollo en áreas como el Mar Amarillo, las aguas de Africa Occidental o el Mar de Sakhalin, menos expuestos a la observación por parte de los medios, ONGs y una sociedad civil sensibilizada a las imágenes de playas empetroladas. ¿Será quizás una mudanza hacia ámbitos y empresas menos sujetas a la opinión pública, la presión regulatoria y de accionistas sensibles a las cuestiones de la responsabilidad social corporativa? ¿Tendrá la responsabilidad social empresaria la misma fuerza y peso frente a un Rosneft o un CNOOC, que a un BP, Shell o Amoco?  ¿Implicará una oportunidad para empresas con reconocidos meritos tecnológicos en la exploración en aguas profundas, como Petrobrás o Total?  Será una llamada de atención para ajustar las evaluaciones de riesgo y los sistemas de gestión de riesgo? Cada uno de los interrogantes permite plantear respuestas dispares y diversas.

    Finalmente, a juzgar por el rebote de lo que es en definitiva un incidente entre una empresa operadora y una autoridad regulatoria, es indudable que este tipo de situaciones serán abordadas más desde la óptica del derecho público internacional, que desde la perspectiva de derecho privado que predomina en los Estados Unidos. A juzgar por la forma en que las recriminaciones se trasladaron a las relaciones entre los gobiernos norteamericano y británico, es de esperar que la tendencia a mayor protagonismo estatal se fortalecerá en los tiempos que se vienen.

  5. Cambio Climático y Energía
  6. También en una escala macro, es de esperar que se profundizará el debate entorno a la excesiva dependencia que mantiene la sociedad moderna con los combustibles fósiles, pese a los esfuerzos que se hacen en todo el mundo para la promoción de energías alternativas. Si el costo de extraer crudo en aguas profundas se incrementa, puede que se aceleren las medidas tendientes a “destetar” a nuestras economías del petróleo y sus derivados, inclusive planteando medidas tan controvertidas como la introducción de una tasa a las emisiones de CO2. Sin embargo, la inercia incorporada y la demanda aparentemente insaciable en algunas economías emergentes, torna complejo cualquier vaticinio, máxime en el contexto económico actual signado por un clima recesivo en los países desarrollados y la natural reticencia a sacrificar sus opciones al progreso en los paises emergentes. En este marco se discute cuáles son las reglas que vendrán después de Kyoto, en el 2012, y los acontecimientos como el del Golfo de Mexico, no hacen mas que añadir elementos que tornan aún mas inciertos los pronósticos, en un campo de por si complejo y difícil.

  7. Ambiente y Seguros
  8. Cuestión no menor, con implicancias para nuestro país, donde los seguros ambientales traen lo suyo, atañe a los costos involucrados en la reparación de ambientes degradados y el impacto financiero para las empresas responsables a partir de la aplicación de daños punitorios, institución arraigada en el derecho ambiental norteamericano. De hecho una de las primeras victimas en caer luego del derrame, fue el tope de 75 millones de dólares establecido en el marco regulatorio para las actividades costa afuera.

    En las discusiones que siguieron entre la administración federal norteamericana y la empresa BP, surgió la necesidad de constituir una cuenta fiduciaria para hacer frente a las demandas de sectores afectados, como el turismo y la pesca comercial. El monto, según diferentes analistas, rondaría los 3.200 millones de dólares, aunque nadie tiene certeza aún de los costos finales de remediación y eventuales sanciones pecuniarias. La industria aseguradora y reaseguradora deberá tomar nota y agudizar el análisis de riesgo para estas cuestiones en el futuro. Quizás toda una lección para nuestro país, donde el debate entorno al seguro ambiental, los fondos de afectación para contingencias y la existencia de topes indemnizatorios, sigue abierto y originando polémicas. 

  9. Implicancias para la actividad offshore en el Mar Argentino y la “Cuestión Malvinas”
  10. Finalmente, el incidente de Macondo, disparó posiciones diplomáticas duras del flamante titular del Palacio San Martín, en el sentido de recriminar al Reino Unido el impulso a la exploración en el Atlántico Sur. Es indudable, por todas las razones expuestas anteriormente, que el desarrollo de una cuenca fronteriza y de alto riesgo geológico como es la del Atlántico Sur, representará un desafío técnico y jurídico para todos los involucrados, dada la sensibilidad de los ambientes, la hostilidad del clima, la compleja logística que demandará y la lejanía de los principales mercados de consumo. No hay marcos de planificación para la actividad, más allá de las tímidas iniciativas elaboradas hacia 1995 entre Reino Unido y Argentina, hoy dejadas sin efecto.

    La defensa del interés nacional debe ser ejercida con pasión y compromiso, acompañado de un trabajo regulatorio y técnico a largo plazo, acompañado de recursos y labor a conciencia. La mera denuncia de posibles desastres ecológicos producto de accidentes en aguas bajo jurisdicción circunstancial del gobierno isleño malvinense, no nos debería eximir de una mirada hacia adentro: ¿Por casa como andamos? ¿Cuál sería la respuesta de nuestras autoridades, si, Dios quiera que no, el incidente se produjera en una plataforma operada por una empresa autorizada por Argentina?  Las corrientes marinas y la deriva natural en el Atlántico Sur llevan cualquier pluma de contaminación en el mar argentino, hacia las islas. ¿Cuál sería nuestra respuesta frente a una acusación de los isleños, por ejemplo, si el operador fuese ENARSA u otra firma autorizada por nuestras autoridades regulatorias?

    La Cuenca Offshore del Atlántico Sur puede ser una frontera promisoria, como puede ser una quimera. Nadie tiene la respuesta a esta incertidumbre propia de la actividad extractiva de alto riesgo. Lo que no parece aconsejable es hacer política electoral y de corto plazo con cuestiones que ameritan un abordaje como cuestiones estratégicas y de Estado. Ojalá no recurramos a la receta tan remanida de improvisar en estas cuestiones complejas, donde los errores se suelen pagar caro.


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Cordiales saludos
Juan Rodrigo Walsh

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