Como es de conocimiento público, los propietarios de estaciones de servicio vienen sufriendo en los últimos tiempos los avatares de la crisis económica producida por las fluctuaciones del precio del petróleo a nivel internacional y por la política de “pisar los precios” del Gobierno Nacional, que ha obligado en muchos casos al cierre de las instalaciones.

Concomitantemente con dicha decisión, las autoridades ambientales de las distintas jurisdicciones del país se enfrentan con un grave problema; esto es el pasivo ambiental generado por el abandono de las estaciones.

Ello se agrava especialmente en la Provincia de Buenos Aires, por ser el mayor productor de derivados de petróleo, y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en virtud de la cantidad de emprendimientos inmobiliarios instalados en los predios abandonados donde funcionaban las estaciones de servicio.

En relación a esta última jurisdicción, el Gobierno porteño ha decido reformular los procedimientos de control (Res. Conj APRA AGC N° 395/08), centrando en una sola repartición (Dirección General de Control dependiente de la Agencia de Protección Ambiental) las competencias en la  materia, que anteriormente se repartían en varios organismos.

Por su parte, el gobierno bonaerense analiza ordenar la clausura definitiva de  alrededor de 1.000 estaciones de servicio sin operar, es decir el 30% de las bocas de expendio comerciales habilitadas en este distrito. La normativa que ya fue redactada por la Dirección de Energía provincial, contempla los procedimientos que deberán cumplir las estaciones para logar su cierre definitivo.