En los últimos días, hemos visto en los distintos medios de comunicación, el conflicto generado por la disposición final de las pilas recolectadas por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en el marco del Programa de Recolección de Pilas Agotadas que se viene desarrollando desde febrero de este año.

En un primer momento, las pilas recolectadas iban a ser trasladadas a la localidad cordobesa de Bouwer para su disposición final en un sitio especializado para el enterramiento de residuos peligrosos. Al respecto, cabe recordar que la provincia de Córdoba no tiene una cláusula constitucional ni norma alguna que prohíba el ingreso de este tipo de residuos provenientes de otras jurisdicciones.

Sin embargo, al conocerse la intención del Gobierno porteño, se produjo una fuerte reacción vecinal de esa población cordobesa, que viene reclamando por la proximidad del relleno desde hace un tiempo, lo que derivó en un pronunciamiento del intendente local rechazando el envío de esas pilas.

En igual sentido, el Gobierno de la Provincia de Buenos rechazó el ingreso de las pilas a su territorio, argumentando para ello, que el art. 28 de la Constitución local, prohíbe el ingreso de residuos tóxicos provenientes de otra jurisdicción.

En ese contexto, existiendo únicamente (4) cuatro sitios de disposición final de residuos peligrosos en todo el país, (3) tres en el territorio bonaerense y uno en la localidad cordobesa señalada, y considerando que la Ciudad de Buenos Aires carece de territorio propio como para albergar plantas de tratamiento de residuos peligrosos o sitios de disposición final, el destino de las pilas recolectadas tiene un futuro incierto.

Ahora bien, frente a ese panorama poco alentador, cabe resaltar la oportuna intervención del COFEMA, que nos alienta a pensar que podría existir una posible solución a este conflicto. Vale destacar, que este organismo federal que nuclea a los autoridades ambientales de todas las jurisdicciones, publicó recientemente una resolución en donde expone su posición crítica a los impedimentos que atentan contra una gestión federal integral que garantice el adecuado transporte, tratamiento y disposición final de los residuos peligrosos generados en las diferentes jurisdicciones. Ver texto

Lisandro Dellazuana