La editorial del Diario La Nación del día 23 de mayo pasado, volvió sobre la disputa planteada en los últimos tiempos entre algunos grupos defensores del ambiente y el sector productivo rural, a raíz de la utilización del glifosato como herbicida usada en conjunción con los cultivos transgénicos, resistentes al mismo. Esta discusión, tal como anunciamos en el Newsletter pasado, fue desatada hace unos meses por las denuncias de intoxicación en Santa Fe y Córdoba a causa de investigaciones de toxicólogos del CONICET, levantadas por diferentes medios masivos, conduciendo luego a la prohibición de cultivo de soja en campos bajo la órbita del Ministerio de Defensa. En paralelo con esto, se conformó una Comisión de Estudios dentro del ámbito del Ministerio de Salud de la Nación, con el fin de dilucidar los riesgos para la salud derivados del uso del glifosato.
Dicha editorial pone el acento en una cuestión más bien de índole política, que ha estado subyaciendo la discusión entorno al cultivo de soja y la utilización de variantes genéticamente modificados hace unos cuantos años. La discusión está además teñida de un indudable contenido ideológico, exacerbado por el clima de tensión existente entre la administración pública nacional y una amplia gama de organizaciones representativas de la producción agrícola, exacerbado sin duda por la polémica por las retenciones a las exportaciones agrícolas. No es casual que la argumentación en contra del glifosato, además de los riesgos para la salud que alega, se nutre del conjunto de las objeciones planteadas en contra de las semillas transgénicas, consistente en el rechazo al “paquete tecnológico” integrado por el empleo de variantes genéticamente modificadas resistentes al glifosato, con siembra directa o labranza mínima. Además, estos argumentos se han nutrido con las fuertes polémicas desatadas por la publicación reciente del libro “La Vida según Monsanto”, de la periodista francesa Marie Monique Robin.
Al planteo efectuado por la Asociación de Abogados Ambientalistas en el amparo que tramita ante la Corte, se le suman proyectos legislativos, como el elaborado por el Diputado entrerriano, Raúl Solanas (FPV) solicitando una moratoria por 180 días. En rigor de verdad, la discusión representa una secuela del encarnizado enfrentamiento protagonizado por ONGs y el sector agrícola, hace unos años con motivo de la utilización de variantes genéticamente modificadas en los principales cultivos sembrados en nuestro país.
Esta polémica sobre las semillas OGM fue inclusive más áspera en el viejo continente, llevando a prohibiciones y exigencias en cuanto al etiquetado de alimentos derivados de la biotecnología. Varios años después, el consenso científico internacional, parece inclinarse decididamente por la inocuidad de estas variantes obtenidas a partir de la biotecnología, despejándose en gran medida las dudas que giraban alrededor de su uso y desarrollo comercial. Nuestro país creó un mecanismo institucional, la CONABIA, de carácter científico, interdisciplinario y transparente para la evaluación sobre base objetiva de cada uno de los eventos transgénicos que se liberan al ecosistema Este régimen ha sido ponderado en diversos ámbitos de la política agrícola y ambiental por sus meritos científicos y la seriedad de sus conclusiones.
Quizás el caso del glifosato no hace más que ilustrar la necesidad urgente que tiene nuestro país de desarrollar mecanismos similares a las que existen en materia de residuos peligrosos, para la evaluación de toxicidad de diversas sustancias químicas utilizadas, no solo en el agro, sino también en una multiplicidad de ámbitos comerciales e industriales. Lamentablemente, el conflicto planteado, en este caso por el glifosato, pero absolutamente trasladable en forma analógica a otros ámbitos es revelador de la ausencia de marcos regulatorios claros y contundentes para el manejo de todo tipo de sustancias químicas. Es una ironía que en Argentina existe un régimen regulatorio integral para los residuos peligrosos desde hace unos 15 años, mientras que en materia de sustancias riesgosas, los marcos normativos se encuentran dispersos en diferentes instrumentos referidos a la higiene y seguridad laboral o regimenes de agroquímicos provinciales. Es de esperar que el Congreso, una vez reiniciada la actividad parlamentaria normal, se aboque a estas asignaturas pendientes.
Juan Rodrigo Walsh |
