La administración nacional ha anunciado una nueva ampliación de la Avenida Gral. Paz, incrementando los peajes para las rutas de acceso a la Ciudad Autónoma para llevar adelante el financiamiento de las obras. No es del caso analizar el impacto económico de dichos incrementos, en sintonía con una liberación generalizada de tarifas por demás retrasadas.

Desde un punto de vista ambiental, hay sin duda alguna sólidos argumentos para justificar tarifas y peajes establecidos en función de sus efectos disuasivos sobre el uso de vehiculos, mas aun cuando el valor de los peajes actúa como “premio” o “castigo”, para la utilización de las vias de acceso en determinados horarios, desalentando el ingreso en horas pico. En todo el mundo se utilizan mecanismos de mercado para alentar o desalentar conductas con efectos ambientales negativos. Su introducción en Argentina es una medida innecesaria, aunque impopular para los usuarios.

En sentido positivo, también es digno de destacarse la aplicación de los procedimientos de gestión ambiental diseñados por Vialidad Nacional para la construcción de grandes obras viales (Manual MEGA). La ampliación de la Avenida Gral. Paz y de la Autopista Panamericana efectuada a partir de 1993, fue acompañada por manifestaciones vecinales y acciones judiciales en defensa del ambiente, ante la insuficiencia de los estudios de impacto ambiental elaborados por los concesionarios (Louzán, Carlos Alberto v. Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos de la Nación s/amparo). En aquel entonces, el EIA para la obra pública era la excepción y suscitaba todo tipo de controversias. Hoy, mas allá de las polémicas, el EIA es parte del procedimiento de autorización de toda obra pública de envergadura.

Juan Rodrigo Walsh