El Congreso Nacional sancionó recientemente la Ley 26.418 de presupuestos mínimos para la protección de los glaciares y del ambiente periglacial, con el objeto de preservar a estos ecosistemas como reservas estratégicas de recursos hídricos y proveedores de agua de recarga de cuencas hidrográficas.
La norma pretende establecer un inventario de los glaciares en nuestro país, a su vez restringiendo gran parte de las actividades extractivas y de dotación de infraestructura que pudiera ser proyectada en su zona de influencia. La iniciativa parlamentaria sigue así el rumbo encarado a partir de la sanción de la Ley 26.331 de protección de los bosques nativos, sancionada a fines del año pasado, tendiente a establecer regimenes de tutela para los recursos naturales de nuestro país.
La norma ha sido vetada por el Poder Ejecutivo, con diversos argumentos, algunos más consistentes que otros. El argumento de la falta de definición certera respecto de los límites internacionales, parece prima facie una razón sensata, atenta la larga historia de conflictos con la República de Chile por la demarcación precisa de la frontera entre ambas naciones hermanas. Cualquier medida que pudiera reavivar viejos nacionalismos debiera ser acotada y conjurada en aras de una política de construir relaciones de hermandad entre vecinos.
El argumento de que los presupuestos mínimos “…no puede limitarse a la absoluta prohibición de actividades…” también es sensato, revirtiendo una vieja tendencia en la legislación ambiental nacional de buscar, bajo el manto de prohibiciones absolutas, soluciones cuasi mágicas a los problemas que plantea el desarrollo sustentable. En este sentido, las razones para el veto se sostienen en objeciones planteadas por la Secretaría de Minería y del Ministerio de Infraestructura, que de seguro traerán polémica, como lo atestiguan los comentarios periodísticos que ha suscitado el veto presidencial.
En buena hora que se discuta abiertamente sobre los costos y beneficios ambientales y sociales de la infraestructura y de los proyectos de desarrollo minero, desprovisto del bagaje ideológico que ha caracterizado a estas controversias a lo largo de los últimos años. Resta ver que sucederá con la voluntad parlamentaria de insistir o no con esta iniciativa legislativa.
Juan Rodrigo Walsh
