La ley general del ambiente empieza a plasmarse en la realidad: las empresas que realicen actividades con riesgo de producir daño ambiental tendrán la obligación de contratar un seguro que garantice la posibilidad de reparar un mal causado al entorno.

La póliza de seguro ambiental, un instrumento hasta ahora inexistente en el país, es la herramienta que ideó la Secretaría de Medio Ambiente junto a la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN) y entidades aseguradoras privadas para "hacer operativo el mandato legal" de recomponer el daño al medio ambiente.

Según los cálculos de la Secretaría, la disposición abarca a más de 35.000 empresas. La prima de la póliza oscila entre los $ 120.000 y los $ 50 millones anuales, según el nivel de riesgo. En la Cámara Argentina Aseguradora de Riesgo Ambiental estiman que el negocio moverá entre 60 y 70 millones de dólares al año.

"Esta es la tercera pata de un trípode: primero estuvo la ley; luego la Justicia, con los pronunciamientos de la Corte Suprema, y ahora, la oferta en el mercado", dijo ayer en una reunión de prensa el Subsecretario de Promoción y Desarrollo Sustentable, Sergio Chodos. Así, la Argentina se convierte en el único país donde existe esta obligatoriedad.

Con este "último mojón" en el camino de la reglamentación de la ley, como lo llamó Chodos, industrias alimentarias, petroleras y mineras, entre otras, deberán contratar seguros para contar con un respaldo económico preventivo. Hasta ahora, existían pólizas para cubrir eventos de contaminación, pero se excluía precisamente la cobertura que exige esta ley por considerarla "imprecisa".

El nivel de complejidad ambiental se determina por una fórmula que pondera rubro, dimensión y generación de residuos, entre otros factores. Del resultado surgen las categorías para fijar las primas.

Fuente: La Nación.