Australia, luego del cambio de administración producido a fines de 2007 con el triunfo del partido laborista, ratificó el Protocolo de Kyoto, revirtiendo la política reticente en materia de cambio climático que había caracterizado a la administración conservadora de la década anterior. El cambio en la posición australiana frente al cambio climático, importó una fractura trascendente en el bloque “escéptico” de países opuestos a la ratificación del Protocolo de Kyoto, dejando en mayor aislamiento a la administración Bush en los EE.UU. En gran medida el triunfo del laborismo australiano fue a causa de una ola de apoyo popular a las propuestas ambientales proactivas, en sintonía con la opinión pública. 

En un documento publicado el 16 de julio, el gobierno australiano pretende reducir las emisiones de Gases con Efecto Invernadero en un 60% para el año 2050. Para lograr esta meta ambiciosa, se pretende introducir un mecanismo de comercio de emisiones similar al que funciona actualmente en la Unión Europea. Sin embargo, la dependencia que tiene la matriz energética australiana del carbón, plantea un desafío importante para las empresas de ese país, en particular para el sector eléctrico. El modelo de comercio de emisiones se basa en un sistema de subastas de permisos de emisiones a ser implementadas a partir de 2010, aplicable a aquellas industrias o actividades que emitan más de 25.000 toneladas de CO2 por año.  Si bien se estima que en un principio la obligación alcanzará solamente a unas 1000 industrias, existe preocupación con respecto a las implicancias que estas medidas pueden tener en los costos de la energía para el público.

Hasta el momento, las encuestas son favorables a la administración. Un 60% de la población se muestra a favor de una reducción de emisiones como política de estado, aunque resta por ver qué sucederá cuando los incrementos en los precios a causa de la incorporación del costo del carbono tengan una incidencia en el nivel de precios.

Juan Rodrigo Walsh