Luego de 6 años de vigencia de la Ley General del Ambiente N° 25675 y de las múltiples resoluciones que pretenden reglamentar el controvertido artículo 22, la  Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación llevó a cabo un excelente seminario donde participaron todas las partes interesadas a fin de exponer su postura frente a este instrumento.

Los reguladores, las Provincias, las aseguradoras, las empresas y las Cámaras que las agrupan y hasta el Poder Judicial vertieron sus pareceres, dudas y propuestas en un marco franco, dialoguista y edificante. Cabe destacar como una modalidad muy auspiciosa, esta manera de acordar las soluciones para aquellos puntos aún no muy claros o que presentan dificultades de interpretación o aplicación.

Las garantías financieras para la recomposición del daño ambiental fueron el leit motiv del encuentro y los variados expositores intentaron desde su punto de vista explicitar la necesidad de bogar por la sustentabilidad en sus conocidas concepciones ambiental, social y económica sin olvidar la ética.

Quedó absolutamente claro que toda actividad produce un riesgo, y las consecuencias a las que se expone al ambiente deben ser minimizadas y avaladas por una garantía que permita la recomposición del mismo. No es fácil acordar este último ítem, ya que de no existir algún tipo de límite, esa garantía se torna inconmensurable y hace insustentable la continuidad de la actividad.

En esas definiciones se está trabajando con los “stakeholders”, tomando ideas locales como internacionales; tanto de grandes brokers de seguros como de alternativas alcanzables por parte de las Pymes con autoseguros o pools de riesgos, y del devenir jurisprudencial a las futuras resoluciones que enmarquen la operatoria.

El bien jurídico protegido es el ambiente, ese ambiente en el que todos vivimos y que esperamos poder seguir disfrutando en un marco de sustentabilidad.

Ana Lamas