Luego de transcurridos dos años del inicio de la causa “Mendoza Beatriz y otros c. Estado Nacional y otros s/daños y perjuicios”, se han producido algunas novedades al respecto. En primer lugar, el Defensor del Pueblo Nacional junto con la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) y otras dos asociaciones, han presentado un escrito en el cual manifiestan algunas observaciones referidas al Plan Integral sobre la Cuenca Matanza Riachuelo, el cual fue presentado, a pedido del máximo tribunal, por la Secretaría de Ambiente de la Nación, y que ha sido duramente criticado por el Cuerpo de Peritos de la UBA.

Las principales observaciones al Plan propuesto son las siguientes:

• no se advierten los componentes/programas del Plan;
• no se han definido indicadores que se puedan verificar objetivamente;
• no es posible encontrar una clasificación o jerarquización de los problemas existentes;
• carece de un abordaje integral.

Por otro lado, según lo publica el diario La Nación, la Corte dictarará próximamente una serie de medidas a fin de avanzar en la recomposición de la cuenca Matanza Riachuelo. Si bien hasta el momento no se ha pronunciado respecto a la responsabilidad de los demandados, con buen criterio ha venido solicitando una serie de medidas a fin de avanzar con el saneamiento de la cuenca.

En esta línea de acción, según se informa, se establecerá la obligación de la autoridad de cuenca de suministrar información pública en forma centralizada y comprensible, se obligará a los responsables a ejecutar el plan oficial de saneamiento, se asignará el control financiero del saneamiento a la Auditoría General de la Nación y el control de la ejecución operativa de esos planes al Defensor del Pueblo y se impondrán fuertes multas a quienes no cumplan con los compromisos asumidos frente al tribunal. 

Lisandro Dellazuana