LAS DERIVACIONES DEL TEMA “PAPELERAS” EN LA PROVINCIA DE ENTRE RÍOS

Como es de público conocimiento la Provincia de Entre Ríos se encuentra en pleno conflicto con la República Oriental del Uruguay por la instalación de la pastera Botnia sobre las costas del río Uruguay. Aunque no es motivo de este artículo profundizar sobre dicho conflicto, sí se parte de él para precisar un antes y un después respecto al posicionamiento de los temas ambientales en la agenda pública provincial. Es seguramente el tema “papeleras” el que motivo la sanción de una batería de leyes ambientales, o la razón por la cual se haya creado por primera vez un organismo ambiental con rango de Secretaría, o que se establezca como prioritario la incorporación de cláusulas referidas a la protección del medio ambiente en la reforma constitucional prevista para el año entrante.

Siempre es bienvenido que las cuestiones ambientales formen parte de la agenda pública, pero también es de suma importancia que esos mismos temas se traten con razonabilidad y responsabilidad. La reciente sanción de la Ley Provincial Nº 9573 y su Decreto Reglamentario Nº 2772/07, que prohíben a empresas de la provincia la exportación de rollizos o chips a la República Oriental del Uruguay, parece una medida oportunista y de corto plazo que busca únicamente descomprimir la presión que ejercen los grupos ambientalistas locales. En contra de esta ley, se ha pronunciado recientemente un juez federal de la provincia que hizo lugar al amparo presentado por una empresa y autorizó el embarque de rollizos de eucaliptos a pesar de la restricción impuesta por la ley.

En un sentido opuesto, aparece como acertado un proyecto de ley impulsado por el ejecutivo provincial buscando consolidar los beneficios fiscales - ya previstos en la Ley Provincial Nº 8318 (Régimen de Conservación de Suelos) - permitiendo mayores desgravaciones impositivas a aquellos productores que realicen una agricultura sustentable en suelos entrerrianos.

Sobre todo teniendo en cuenta que, desde el resurgimiento del agro en nuestro país, uno de los temas pendientes es el diseño y planificación de políticas  integrales, que permitan armonizar el desarrollo económico con el principio de la sustentabilidad.

En cambio ha generado controversias otro aspecto considerado en dicho proyecto de ley. Es aquel que impulsa medidas que tenderían a limitar, en forma indirecta, los denominados “pools de siembra”, imponiéndoles el pago de un canon por el uso del suelo entrerriano.

Por un lado los productores locales ven la medida como favorable. Alegan que la creciente demanda de tierras, por parte de los grupos que conforman dichos “pools”, impulsa el alza de los precios de las mismas. Manifiestan además que estos sistemas producirían a la larga la desaparición de pequeños y medianos productores locales con el agravante de que no se registran beneficios directos a la economía regional. Todo lo contrario ya que, según ellos, se evita el uso de mano de obra local y la comercialización es realizada desde lugares fuera de la Provincia.

En el oto extremo los grandes grupos agropecuarios sostienen que esta medida sería un nuevo aumento encubierto de las retenciones. El debate está abierto y las dos partes en puja parecería que tienen fundamentos sólidos para defender sus respectivas posiciones.

A la luz de lo analizado resulta loable que en la Provincia de Entre Ríos sea incorporada la temática ambiental en la agenda pública, aunque necesariamente debe evaluarse con profundidad el tipo de medidas a implementar, a efectos de evitar que las mismas no tengan el efecto deseado cual es un desarrollo sustentable de la economía. 

Lisandro Dellazuana